El Tribunal Supremo de EE.UU. extiende la orden que bloquea los pagos completos del programa SNAP

¡TRIUNFO DEL BUEN SENSO! SUPREMO DE EE.UU. MANTIENE EL BLOQUEO A PAGOS COMPLETOS DE SNAP HASTA EL FIN DEL CIERRE GUbernamentAL

En una decisión que refuerza la responsabilidad fiscal y la separación de poderes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió hasta el jueves 13 de noviembre la orden que bloquea el pago completo de los beneficios del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), coincidiendo con el final del cierre gubernamental. Esta medida evita una asignación de fondos irresponsable y unilateral ordenada por jueces activistas, que pretendían desviar recursos de otros programas esenciales como la nutrición infantil. La magistrada liberal Ketanji Brown Jackson mostró su disenso, revelando la brecha ideológica entre quienes defienden un gobierno limitado y quienes promueven el gasto descontrolado.

Todo comenzó con una polémica orden del juez McConnell de Rhode Island, quien exigió a la administración Trump financiar SNAP en su totalidad durante el cierre, una decisión judicial sobrepasiva que ignoraba por completo la autoridad presupuestaria del Congreso. La administración, actuando con prudencia, argumentó que sin fondos asignados específicamente solo podía utilizar fondos de contingencia parciales, priorizando emergencias reales. El Departamento de Agricultura instruyó entonces a los estados revertir los pagos completos y cargar solo el 65% de los beneficios, utilizando fondos de emergencia limitados de acuerdo con la guía del 5 de noviembre. Esta acción responsable afecta a 42 millones de beneficiarios, pero garantiza la sostenibilidad del programa.

Este caos administrativo es consecuencia directa del cierre gubernamental de más de 40 días impulsado por los demócratas, que jugaron con la incertidumbre de las familias americanas como moneda de cambio político. Afortunadamente, el Senado ya aprobó la reapertura del gobierno y la Cámara la ratificará este miércoles, financiando SNAP en su totalidad hasta septiembre de 2026. La economía bajo el presidente Trump se mantiene fuerte, pero esta situación demuestra la urgente necesidad de que el Congreso ejerza su responsabilidad presupuestaria y evite paralizaciones que perjudican a los más vulnerables.

La extensión de la orden del Supremo no es una victoria contra los necesitados, sino un triunfo del estado de derecho frente a la arrogancia judicial. Confirma que ningún juez puede usurpar las funciones constitucionales del Congreso en materia presupuestaria. Mientras la izquierda intenta presentar esto como un recorte, la realidad es que protege la integridad de todos los programas sociales y asegura que los fondos se distribuyan de manera legal y ordenada, no por capricho de un magistrado. Es un recordatorio de que solo con un gobierno limitado y instituciones que respeten la separación de poderes se puede proteger verdaderamente a los ciudadanos.

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