Castración química en Ecuador

En un acto contundente para salvaguardar la seguridad pública y proteger a las familias ecuatorianas, el presidente Daniel Noboa ha promulgado una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece la castración química como medida punitiva para violadores de menores de edad.

La normativa, aprobada con 85 votos en la Asamblea Nacional, responde al alarmante incremento de agresiones sexuales: en 2024, el Ministerio del Interior reportó 2,347 casos de abuso sexual contra menores, un 12% más que en 2023.

Esta medida, que entrará en vigor en 60 días tras su publicación en el Registro Oficial, busca no solo castigar, sino disuadir la reincidencia en delitos que atentan contra los pilares de la sociedad: la familia y la inocencia de los niños.

La reforma estipula que los condenados por violación a menores de 14 años podrán ser sometidos a un tratamiento médico de castración química, complementario a penas de prisión que oscilan entre 19 y 22 años.

El procedimiento, supervisado por autoridades sanitarias, utiliza medicamentos para reducir la libido y prevenir conductas sexuales desviadas.

“No permitiremos que la impunidad siga destrozando vidas. La familia es el núcleo de nuestra nación, y el Estado debe actuar con firmeza para protegerla”, declaró Noboa en un mensaje televisado La medida ha recibido el respaldo de sectores tradicionales, como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que la calificó como “un paso hacia la justicia divina y humana”.

María Fernanda Torres, líder de la Asociación de Familias por la Seguridad, afirmó: “Es un mensaje claro: los agresores no tienen cabida en una sociedad que valora la vida y la dignidad”.

El impacto social es innegable. Una encuesta reciente de Cedatos revela que el 78% de los ecuatorianos aprueba la castración química, reflejando el clamor por medidas que prioricen a las víctimas.

Sin embargo, organizaciones de izquierda, como Amnistía Internacional, han cuestionado la reforma, tildándola de “inhumana” y citando estudios que sugieren que la castración química no elimina completamente la reincidencia.

Estas críticas, sin embargo, chocan con la realidad de un país donde la violencia sexual ha erosionado la confianza en las instituciones. La reforma refuerza los valores de orden, autoridad legítima y defensa de las tradiciones, esenciales para preservar el tejido social.

Además, posiciona a Ecuador como un referente en la lucha contra los delitos sexuales, en un contexto donde la permisividad ha debilitado la seguridad ciudadana en otros países de la región.

La oposición de la izquierda a esta reforma evidencia su persistente desvío hacia un progresismo que, bajo el pretexto de los derechos humanos, termina defendiendo a los victimarios en lugar de a las víctimas.

Su rechazo a medidas firmes perpetúa una narrativa que relativiza la gravedad de los delitos contra los menores, socavando la seguridad y los valores tradicionales que sostienen a la sociedad.

Mientras las familias ecuatorianas exigen justicia, la izquierda se pierde en debates ideológicos que ignoran el sufrimiento de los más vulnerables. La castración química no es solo una sanción; es un compromiso con la vida, la familia y el orden social, principios que no admiten negociaciones ni tibiezas.