Corrupción, pactos y chantaje: el precio del poder en la España de Pedro Sánchez

La política española vuelve a dejar al descubierto sus grietas más profundas. Esta semana, se reavivó el debate sobre la corrupción sistémica en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero con un añadido que ha encendido las alarmas en los sectores patrióticos: los aliados separatistas de Pedro Sánchez también tienen cuentas pendientes con la justicia, y su rol en la legislatura actual es más el de una banda extorsionadora que el de un grupo parlamentario democrático.

En un Parlamento crispado, se recordó con fuerza que los partidos Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no son ajenos a la corrupción. Ambas formaciones fueron condenadas por malversación de fondos públicos, y varios de sus líderes se vieron implicados en delitos graves contra el Estado, como la sedición —delito que luego fue blanqueado legalmente por el propio gobierno de Sánchez, al rebajarlo a desobediencia para facilitar indultos.

Indultos a los enemigos de la nación
La polémica es aún más profunda cuando se considera que Pedro Sánchez indultó a los responsables del intento de secesión de 2017, que incluyó actos de insurrección institucional, movilizaciones violentas y uso indebido de recursos públicos. Aunque estos líderes siguen inhabilitados para ocupar cargos públicos, han sido rehabilitados políticamente por los pactos del Ejecutivo.

En otras palabras, los autores intelectuales del mayor ataque a la unidad territorial de España desde la transición democrática hoy dictan condiciones al gobierno central.

¿Quién gobierna realmente en España?
En un escenario político fragmentado, Sánchez ha decidido sostener su mandato a costa de ceder al chantaje político de los separatistas. Las concesiones incluyen indultos, reforma del Código Penal, privilegios fiscales y negociaciones bilaterales al margen de la Constitución.

Algunos analistas ya no dudan en calificar esta situación como un “pacto entre bandas”: la banda socialista que maneja el poder con tácticas oportunistas, y las bandas separatistas que aprovechan esa debilidad para imponer sus propios intereses antinacionales.

El diputado que denunció esta dinámica lo dejó claro en el Congreso: “Confiar la caída del gobierno en estos señores es depositar la esperanza en los enemigos número uno de España”. Su advertencia es más que retórica. Es una radiografía del deterioro institucional que vive el país.

La política como intercambio de impunidad
Mientras en otros países se fortalece el combate a la corrupción y se castiga con firmeza a quienes atentan contra el Estado de derecho, España parece haber institucionalizado la impunidad como moneda de cambio política. La malversación dejó de ser un escándalo para convertirse en parte del presupuesto político anual.

Sánchez no solo pacta con quienes han querido romper España, sino que les concede impunidad judicial, rehabilitación mediática y cuotas de poder, todo para mantenerse en La Moncloa.

Lo que comenzó como una crisis territorial hoy es una crisis moral, legal y política. Una democracia en la que quienes buscan destruir el país obtienen más beneficios que quienes lo defienden está profundamente enferma.

El mensaje al ciudadano común
El ciudadano español, que cumple con sus obligaciones, paga impuestos y respeta la ley, observa cómo los que han cometido delitos contra la nación reciben premios y favores, mientras el sistema castiga a quienes exigen orden, legalidad y soberanía.

Hoy, más que nunca, el pueblo español necesita levantar la voz. No se puede construir un país próspero sobre los cimientos de la corrupción, la traición y el chantaje. Y mucho menos se puede permitir que la supervivencia de un gobierno dependa del precio que estén dispuestos a pagar los enemigos de España.