La reformas de Seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador

Las reformas de seguridad de Bukele: ¿modelo de orden o advertencia autoritaria para América Latina?

El Salvador ha dado un giro radical en su política de seguridad desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele. En menos de un lustro, el país más violento de América se transformó —según cifras oficiales— en uno de los más seguros de la región. Pero esta transformación, aclamada por muchos y temida por otros, no fue producto de negociaciones, ni de reformas suaves, sino del establecimiento de un modelo de control total del Estado bajo una lógica de seguridad por encima de la legalidad tradicional.

El presidente Bukele entendió rápidamente que combatir el poder de las pandillas no era posible sin una reconfiguración profunda de las instituciones. La clave, según sus acciones, era obtener control absoluto del aparato estatal. Y lo logró. En primer lugar, aseguró una mayoría legislativa calificada, gracias a la abrumadora confianza de un pueblo harto de años de asesinatos, extorsión y temor. Esta mayoría le permitió implementar sin obstáculos una batería de reformas que cualquier otro presidente habría encontrado imposibles de ejecutar.

Una de sus primeras decisiones fue la intervención del poder judicial. La Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazó por figuras más alineadas con su visión. En paralelo, se ejecutó una purga masiva de jueces en todo el país, especialmente de aquellos considerados obstáculos para el avance del nuevo régimen de seguridad. Esto provocó protestas internacionales, pero en El Salvador, la mayoría de la población lo respaldó.

El punto de inflexión fue la implementación del Régimen de Excepción, que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo para perseguir el crimen sin los mismos límites procesales del sistema judicial tradicional. En la práctica, esto significa detenciones sin orden judicial, limitaciones al derecho a la defensa y procesos acelerados que terminan con miles de pandilleros en prisión sin posibilidad de apelar en tiempos razonables. Críticos lo llaman abuso del poder, pero para el pueblo salvadoreño, víctima de décadas de terror urbano, fue un alivio inmediato.

Bukele ha defendido su política argumentando que los derechos de los criminales no pueden estar por encima de los derechos de la mayoría. Y a la luz de los resultados —una notable reducción en homicidios y una aparente recuperación del control territorial—, no son pocos los que lo consideran un modelo a seguir en una América Latina atrapada entre el crimen organizado y gobiernos débiles.

Sin embargo, también hay advertencias. Este tipo de medidas, cuando son adoptadas sin equilibrio institucional, pueden derivar en regímenes con rasgos autoritarios. No obstante, para muchos conservadores, especialmente en naciones que sufren el colapso de la seguridad ciudadana como México, Colombia o Perú, lo que Bukele ha hecho representa la restauración del principio de autoridad, olvidado por décadas bajo gobiernos progresistas que priorizaron al victimario sobre la víctima.

El caso salvadoreño abre el debate: ¿Es posible recuperar la seguridad sin sacrificar libertades? ¿O ha llegado el momento de reconocer que, sin orden, la libertad es sólo un espejismo? Bukele ha apostado por la primera respuesta: sin autoridad, no hay nación. Sin justicia firme, no hay futuro.

América Latina observa, unos con temor, otros con esperanza. Pero nadie permanece indiferente.

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