PP y PSOE han permitido normalizar amputaciones, disparos y crímenes que jamás imaginaríamos

PP y PSOE han permitido normalizar amputaciones, disparos y crímenes que jamás imaginaríamos

España atraviesa una de sus etapas más oscuras en materia de seguridad ciudadana, y no es por casualidad. La responsabilidad directa recae en las élites políticas que han gobernado en las últimas décadas: el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Ambos, con su complicidad silenciosa, han permitido la normalización del crimen más brutal en nuestras calles. Amputaciones, tiroteos a plena luz del día, agresiones sexuales por parte de menores, bandas latinas armadas en barrios residenciales… nada de esto sería imaginable en la España de hace veinte años. Hoy, gracias a la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, se ha vuelto tristemente cotidiano.

Lo más preocupante es la pasividad institucional y la propaganda que se difunde desde los propios medios financiados con dinero público. Televisiones autonómicas como Telemadrid—sostenidas con los impuestos de todos los madrileños—presentan una realidad tergiversada. Se muestra a niños rubios y de ojos azules como responsables de una violencia que, en su mayoría, proviene de bandas extranjeras y de menores importados por un sistema migratorio descontrolado y sin filtros. ¿Es esto un error inocente? No. Es manipulación premeditada para ocultar el fracaso de un modelo multicultural fallido, sostenido por intereses ideológicos y cobardía política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado una gran habilidad para las redes sociales y los discursos calculados. Pero en la práctica, su gobierno no ha sido firme frente a la inmigración ilegal ni frente a la inseguridad que golpea con furia los barrios obreros de Madrid. Mientras tanto, el PSOE ha promovido leyes que protegen más a los delincuentes que a las víctimas. El resultado: una ciudadanía desprotegida, abandonada, y usada como carne de cañón por una clase política alejada de la realidad.

Los vecinos de Vallecas, de Usera, de Alcorcón o de Parla, ya no pueden caminar tranquilos por sus calles. Las madres temen por sus hijas adolescentes. Los comerciantes tienen que invertir más en seguridad privada que en ampliar sus negocios. Mientras tanto, los responsables de esta debacle se echan la culpa mutuamente, sin asumir que ambos partidos han sido cómplices del proceso de degradación social y moral de nuestra nación.

¿Y qué respuesta hay desde el poder? Cartas vacías, peticiones diplomáticas, y promesas de más policías. Pero los ciudadanos no quieren más cartas: quieren expulsiones. Quieren una política migratoria clara y contundente. Quieren que los que vienen a delinquir sean expulsados sin contemplaciones, sin matices, sin miedo a la corrección política. El ciudadano quiere orden, justicia y seguridad. No promesas. No estadísticas maquilladas. No discursos que ocultan que nuestras calles se están tiñendo de sangre.

La izquierda ha promovido el caos en nombre de una falsa solidaridad, y la derecha ha mirado hacia otro lado por miedo a ser señalada. Pero los ciudadanos ya no tienen miedo. Se están despertando. Están señalando con el dedo a los verdaderos culpables: los que permitieron que se convirtieran en rutina las amputaciones, los disparos y los crímenes más salvajes. Los que transformaron barrios humildes en zonas de guerra.

La hora de la verdad ha llegado. Es tiempo de exigir responsabilidades. Es tiempo de levantar la voz por los que no tienen altavoz. Y es tiempo de recuperar España de manos de quienes han permitido su degradación moral, cultural y criminal.

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