María Herrera - Esto que hizo la Administración de Biden afecta a más de medio millón de personas

María Herrera - Esto que hizo la Administración de Biden afecta a más de medio millón de personas

En otro giro alarmante de la política migratoria estadounidense, la administración de Joe Biden eliminó silenciosamente un programa que, desde su inicio, se había convertido en una peligrosa puerta trasera para el ingreso de individuos sin una evaluación rigurosa a Estados Unidos. Este mecanismo, conocido como “parole humanitario”, fue promovido bajo la excusa de brindar alivio a ciudadanos de países con regímenes autoritarios o inestabilidad social, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Sin embargo, detrás del velo humanitario, se escondía una realidad preocupante: más de medio millón de personas ingresaron al país bajo criterios laxos, sin una verdadera evaluación de sus antecedentes ni de los riesgos que podrían representar.

El esquema era tan simple como alarmante. Bastaba con que un ciudadano estadounidense, con una cuenta bancaria y disposición a “patrocinar” al migrante, firmara un formulario. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que cualquier persona de esas nacionalidades, sin importar su historial, su relación con dictaduras o su posible involucramiento en represión estatal, podía acceder al programa. Y lo más preocupante: no se requería explicar por qué esa persona merecía protección humanitaria.

Esto abrió las puertas a un abanico de perfiles que ponen en jaque la seguridad nacional. Funcionarios de inteligencia del régimen de Daniel Ortega, miembros del aparato represivo de Nicolás Maduro, agentes del castrismo y hasta criminales con residencia previa en otros países ingresaron sin control. El colapso del programa era predecible: se convirtió en un sistema lleno de irregularidades, sin filtro ni supervisión real.

Lo más escandaloso es que incluso personas ajenas a estas naciones, como sirios con vínculos cuestionables, pudieron ingresar tras adquirir pasaportes venezolanos. Todo esto ocurrió bajo la administración Biden, cuya obsesión con el progresismo migratorio ha puesto en riesgo la soberanía de los Estados Unidos. El mismo gobierno que flexibiliza la frontera sur, ahora pretendía maquillar la crisis con un “programa humanitario” que, al final, fue suspendido por el propio Departamento de Seguridad Nacional al descubrirse el nivel de fraude masivo.

La pregunta que muchos estadounidenses se hacen es: ¿dónde quedó la protección a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras leyes? El objetivo de la política exterior y migratoria de un país debe ser proteger a su población, no importarla en nombre de una supuesta justicia humanitaria mal aplicada.

Este fracaso es una muestra más de cómo el Partido Demócrata ha preferido complacer al ala más radical de su base antes que proteger a su pueblo. No se trató de compasión, sino de una estrategia electoral y política mal calculada. Afortunadamente, gracias a la presión de congresistas republicanos y de ciudadanos preocupados por la seguridad de su nación, se logró frenar este experimento temerario.

Porque Estados Unidos no puede ser el refugio de represores disfrazados de víctimas, ni de estafadores amparados en formularios mal diseñados. El derecho a la vida y la seguridad de los ciudadanos debe prevalecer sobre los caprichos ideológicos de quienes ocupan temporalmente la Casa Blanca.

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